Escoltas al paro: la negociación con ETA se cobra sus primeras “víctimas colaterales”

El colectivo de escoltas que vienen desarrollando funciones de protección en el País Vasco y Navarra lo tiene claro: “Ni una palmada en la espalda”. Y es que nadie ha agradecido a los escoltas su trabajo de años en defensa de las libertades en estas comunidades, más bien se pretende, por parte de la casta política, hacer algo parecido a lo que sucedía con los asesinados durante la transición: sacarlos por la puerta de atrás, sin reconocimientos ni posibilidades laborales

“Queremos que esto se acabe, el fin del terrorismo, pero cualquiera sabe que después de años trabajando en esto, es imposible trabajar en el País Vasco”. Quien lo dice lo sabe bien, es el portavoz de la Asociación de Escoltas en Activo del País Vasco y Navarra. Sus planteamientos son lógicos: “¿Quién va a dar trabajo a un escolta perfectamente reconocible en los ambientes radicales?”

Porque, a pesar de lo que nos cuentan, el terrorismo no se acaba, al contrario. “El terrorismo de persecución permanece y un empresario no va a dar trabajo a escoltas sabiendo que en los círculos abertzales se nos considera un colectivo esencial en la derrota de ETA”

REDUCCIÓN

Los departamentos de Interior del Gobierno central y del Ejecutivo vasco pondrán en marcha en las próximas semanas un plan de reducción de escoltas de los cargos públicos socialistas y populares. El planteamiento policial supondrá dejar con un escolta a los concejales que ahora llevan dos y eliminar de forma paulatina la protección a los que, como consecuencia de las últimas elecciones municipales y forales, han dejado de serlo. La medida, que Interior justifica como una «racionalización» del servicio, se aplicará de forma efectiva tras las vacaciones de verano y supondrá dejar en el paro a más de 300 escoltas.

Hasta las pasadas elecciones municipales, PP y PSE sumaban un total de 517 concejales en el País Vasco. Tras los comicios, ambas formaciones se han quedado con 398, lo que supone 119 ediles menos. Desde el punto de vista de la seguridad, hace ya meses que los responsables de Interior habían decidido que a los excargos se les redujese la protección, excepto en casos muy excepcionales. Aquellos que tenían una doble escolta pasarán a tener sólo uno. Tal y como está estructurado actualmente el trabajo de vigilancia, sólo la pérdida de representantes institucionales por parte de PSE y PP supondrá que más de 200 profesionales se queden sin un cargo a quien proteger. La cifra aumenta, sin embargo, porque hay ediles amenazados que hasta ahora vienen disponiendo de un servicio más amplio.

Según fuentes consultadas por este periódico, los responsables de la seguridad en Euskadi ya han tomado la decisión de aplicar estos recortes entre agosto y septiembre.

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