ETA deja en punto muerto el 'proceso' tras fracasar en Oslo y reunirse en secreto en Suiza

  • ETA ya ha comunicado al Gobierno que no piensa cruzar ciertas líneas rojas mientras no haya una negociación que de momento no se produce.
  • Los verificadores internacionales han dado un ultimátum a la banda para que dé pasos importante en su desarme.
  • Fuentes antiterroristas reconocen que la cúpula de ETA ha tenido cierta "inmunidad policial" mientras se ha producido este intercambio de mensajes.

ETA ha entrado en una nueva fase. También el 'proceso' de intercambio de mensajes entre el Gobierno español y la banda a través de intermediarios. La cúpula etarra, su aparato político, se ha enrocado en unas líneas rojas que de momento no piensa cruzar. El Ejecutivo español, por su parte, no da los pasos que la dirección terrorista exige. Todo está, por tanto, en un punto muerto. Para algunos expertos consultados, "entramos en una fase peligrosa", lo que se ya se ha bautizado como "un final desordenado".

La dirección de ETA tuvo que abandonar Noruega a mediados de febrero precisamente por este enrocamiento. No se les expulsó. Sencillamente no se les renovo el permiso de estancia. En Oslo, 'Josu Ternera', Iratxe Sorzabal y David Pla, las tres cabezas visibles de ETA, han vivido (y recibido ayuda económica) durante algunas etapas de 2012 y 2013 mientras se reunían con la llamada comisión de verificación internacional, una comisión a la que el Gobierno de Rajoy no reconocía pero a la que escuchaba.

Noruega ha sido un fracaso. Por eso los tres etarras ya no están allí. Solo volverán si tienen algo nuevo que aportar. De momento, han huido con destinos desconocidos, aunque los servicios antiterroristas sabían que mientras no estaban en Oslo residían en dos ciudades de sendos países europeos. Fuentes solventes han apuntado a 20minutos.es que tras irse de Oslo hicieron escala en Suiza, donde se reunieron en secreto con el Centro Henri Dunant. Este centro de resolución de conflictos ya fue intermediario entre ETA y el Gobierno socialista de Zapatero.
Si se habla de presos, se habla de desarme

De momento, la pelota está en el tejado de ETA. 
 
Ya sabe que el Gobierno no va a mover ficha. Y las posiciones que ETA ha traslado a los verificadores ponen todo el proceso en peligro. Lo que está claro es que la banda no va a anunciar una disolución de manera unilateral. El terreno que se pisa es pantanoso. ETA quiere hablar de presos, pero con el Gobierno. Y si habla de presos, hablaría entonces de desarme.

Los verificadores, por su parte, han pedido más gestos a la banda: por ejemplo que asuma la reinserción individual de sus presos y que se avance en el reconocimiento del daño causado a las víctimas. ETA sigue hablando de amnistías y en el capítulo de daño causado solo reconoce el de las "víctimas colaterales", como dijo hace unos días 'Txeroki' (su último gran jefe militar) en un comunicado que leyó en un juicio.

El 20 de marzo será un punto de inflexión. Ese día, el Tribunal de Estrasburgo hablará de la 'doctrina Parot'. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ya ha advertido que si el Tribunal Europeo de Derechos Humanos decide derogar esta doctrina, muchos etarras sanguinarios quedarán en libertad y se generará una gran "alarma social".

¿Por qué esas posturas tan duras?


Algunos expertos consultados han mostrado su extrañeza por las posturas tan intransigentes de la actual dirección de ETA, "teniendo en cuenta que 'Josu Ternera' está a favor de la negociación y que Iratxe Sorzábal, por sus circunstancias personales, no ve con malos ojos una salida al proceso".
Iratxe Sorzabal tiene una hija llamada Lur que nació el 28 de agosto de 2009 en una clínica de la ciudad francesa de Annecy, en la frontera con Suiza e Italia. La niña, que este verano cumple cuatro años, es hija de Mikel Carrera Sarobe, alias 'Ata', el sucesor de 'Txeroki' al frente del aparato militar y el presunto asesino de los guardias civiles Fernando Trapero y Raúl Centeno. Hoy está en prisión.

Pero a pesar de estos condicionantes, ETA sigue siendo exigente en sus mensajes: sigue hablando de que el Gobierno pida perdón por los GAL, de que se hable de víctimas en los dos bandos, de que las Fuerzas de Seguridad se vayan del País Vasco, de una salida para sus exiliados y como paso inmediato, el acercamiento de sus presos al País Vasco, es decir, el fin de la dispersión. Peticiones que el Gobierno no va a cumplir.

Fracaso de los verificadores
Lo que parece claro es que los verificadores no han cumplido sus objetivos, y según publicó el diario El País, habrían dado un ultimátum a ETA para que dé pasos importantes en su desarme. Si no se producen, los verificadores se disolverían.

Mientras, los servicios antiterroristas que trabajan fuera de nuestro país esperan órdenes porque la situación ha cambiado. Desde la llegada del PP, 40 etarras han sido detenidos, "porque han seguido en marcha las operaciones contra el aparato logístico-militar de la banda". Otra cosa ha sido la dirección política de ETA, que ha tenido, señalan las mismas fuentes, cierta "inmunidad policial" mientras se producía este intercambio de mensajes. ¿Qué pasará ahora?

En la actualidad se sabe que el aparato más fuerte de ETA es el de falsificación. Se sabe que ha recibido dinero, inversión con la que ha conseguido falsificar el DNI electrónico español. "Tienes unos 23.000 documentos falsos", señalan fuentes antiterroristas. También se sabe que ha conseguido duplicar documentos de estos países: Francia, Italia, Reino Unido, Costa Rica y México, lo que puede dar una pista de sus destinos.

Mientras, el presidente Rajoy ha desvinculado este miércoles en el Congreso a su Gobierno de la presencia etarra en Noruega. "No hemos negociado ni vamos a negociar", sentenció. "Lo único que esperamos es el anuncio de su disolución y después y siempre se aplicará la Ley. Es nuestra posición y es la de siempre".
 FUENTE 20 MINUTOS
 

La seguridad privada llega a los centros penitenciarios este mes de abril

Con la reforma de la Ley de Seguridad Privada podría haber una sustitución completa.

El comunicado de ETA anunciando el fin de su actividad armada en octubre de 2011 y la crisis económica han supuesto en los últimos años un espectacular descenso del número de personal privado destinado a labores de escolta, principalmente, en el País Vasco y Navarra. Ante esto, el Ministerio del Interior lleva meses buscando la manera de recolocar a estos profesionales.

Uno de estas posibilidades, como ya publicó Libertad Digital en marzo de 2012, era utilizar sus servicios como refuerzo para la seguridad de los centros penitenciarios, para que sustituyesen gradualmente a los agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que realizan estos trabajos y se pudiese emplear a estos agentes públicos en otras funciones.

Una posibilidad que se empezará a hacer realidad a partir del próximo mes de abril, cuando los primeros miembros de seguridad privada comiencen a prestar su labor en 21 centros penitenciarios, en 19 de los cuales el cuerpo responsable de su seguridad es la Guardia Civil y en dos de las cuales lo es el Cuerpo Nacional de Policía.

Según un comunicado hecho público por la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), durante los últimos días las diferentes Unidades de Seguridad Penitenciaria han recibido una orden de la Dirección General del Instituto Armado en las que se les anuncia que a partir del próximo 1 de abril se incorporarán a algunas prisiones estos agentes de seguridad privada.

En la misma se dice que llegarán como "refuerzo a los componentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado que prestan servicio en los centros penitenciarios" y que "en ningún caso supondrá una reducción de efectivos de las Unidades de las FyCSE, tan solo se tratará de un refuerzo, al menos en la fase inicial, considerada como experiencia piloto".

Pero la citada orden deja la puerta abierta a una sustitución total: "en un futuro, en función de los resultados de esta experiencia y de las disponibilidades presupuestarias, podría iniciarse una sustitución progresiva de las FyCSE por miembros de la seguridad privada".

Precisamente, el Ministerio del Interior está trabajando desde hace meses en la modificación de la Ley de Seguridad Privada que, según avanzó el propio Jorge Fernández Díaz el pasado martes en la comisión de Interior del Congreso de los Diputados, se encuentra ya en un avanzado estado de redacción y en próximas fechas será remitida a los principales órganos consultores.

Es más, dos días después, durante la inauguración de la IV Cumbre Europea de Servicios de Seguridad Privada, celebrada en Madrid, dijo que con esta modificación en la ley "no estamos hablando de privatizar la seguridad pública, sino de trabajar desde la subordinación a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en mantener la seguridad".
FUENTE NOTICIA LIBERTAD DIGITAL

Los vigilantes privados custodiarán cárceles a partir de abril

La asociación mayoritaria de guardias civiles denuncia que se ha creado una unión de empresas para el suculento negocio de 21 centros penitenciarios


La Dirección General de la Guardia Civil ya ha dado la orden: a partir del 1 de abril se incorporarán a algunos centros penitenciarios vigilantes de seguridad privada como «refuerzo a los componentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que prestan servicio» en estas cárceles, según figura en el documento que se ha enviado a las diferentes Unidades de Seguridad Penitenciaria. En principio están afectados por esta medida 21 centros penitenciarios (19 custodiados por la Guardia Civil y 2 por el Cuerpo Nacional de Policía), según ha informado la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC).

Según esta asociación, el Gobierno había ralentizado el plan -estaba previsto que se pusiera en marcha el año pasado- ante la oposición encontrada por parte de los afectados y de las asociaciones, pero este cambio no tiene vuelta atrás, tal y como confirmaron a ABC fuentes de la Dirección General de la Guardia Civil.

En la orden cursada a los agentes se afirma que «en ningún caso supondrá una reducción de efectivos de las Unidades de las FCSE, tan solo se tratará de un refuerzo, al menos en la fase inicial, considerada como experiencia piloto», pero a continuación añade que «en un futuro, en función de los resultados de esta experiencia y de las disponibilidades presupuestarias, podría iniciarse una sustitución progresiva de las FCSE por miembros de la seguridad privada». El documento, por tanto, se ciñe a lo que eran los planes de Interior desde que se diseñó este operativo.

AUGC considera que la intención es privatizar completamente la seguridad de las prisiones, pese a que desde la Dirección General desmienten este extremo. La razón que esgrimen desde la asociación es que no se adoptaría la medida ni se «vendería» como experiencia piloto ampliable si el objetivo fuera otro, puesto que las Unidades de Seguridad Penitenciaria no necesitan ningún refuerzo en estos momentos, y mucho menos de vigilantes de seguridad privada.

Cuando se adoptó la decisión el año pasado, Interior explicó que obedecía en parte a la necesidad de recolocar a los escoltas privados del País Vascos afectados por el plan de reducción de protegidos, una especie de destino a la altura. La asociación mayoritaria de guardias civiles cree que ese argumento era una «burda excusa» para llevar a cabo la privatización de la seguridad en los centros penitenciarios, porqueno son esos escoltas los que van a incorporarse a las prisiones afectadas, sino vigilantes de varias empresas de seguridad privada que han constituido una UTE (unión temporal de empresas) para hacerse con este suculento negocio.

Cuando este plan de privatización avance y entre en fase de sustitución progresiva afectará a cerca de dos mil guardias civiles en todo el país, según las mismas fuentes. AUGC no descarta que este «afán privatizador» alcance también a otras unidades y servicios de seguridad, ya sean de la Guardia Civil o de otros cuerpos policiales.
Fuente ABC

Monográfico SegurPri Nº 19 - Marzo 2013 (Unidad Central Seguridad Privada)

Monografico Nº19 Unidad Central Seguridad Privada correspondiente al mes de Marzo 2013




Explosionan una mochila junto a los juzgados y Loterías


El Tedax de la Policía han destruido una mochila sospechosa, colocada cerca de la puerta de la sede de lo Penal en la calle del Capitán Haya. La puso allí un hombre que iba en moto
Los artificieros del Tedax de la Policía Nacional han explosionado una mochila sospechosa en las inmediaciones de los juzgados de lo Penal de la calle del Capitán Haya y el edificio de Loterías del Estado, en el distrito de Tetuán.

Los agentes han sido activados después de que las cámaras del edificio judicial hayan captado cómo un hombre, sobre una moto, dejaba una bolsa a la altura del número 56 de la mencionada vía, sobre las siete de la tarde.

Los agentes han pedido a los vecinos que se quedaran en casa y cerraran las ventanas. También se ha cortado el tráfico del perímetro, hasta el paseo de la Castellana. La mochila explosionada en la calle Capitán Haya de Madrid contenía en su interior un artefacto simulado compuesto por una olla a presión con unos cables, según informaron a Europa Press fuentes de la Jefatura Superior de Policía de Madrid.

FUENTES: EL PAIS, ABC

Actas y Texto Final de la Renegociación del Convenio de Seguridad Privada 2012-2014

Como sabemos, el Convenio que se firmo 2012-2014 no llego a ser publicado. Tras varios amagos de intento de descuelgues de empresas importantes del sector, y de alguna denuncia, para que volviera a ser de aplicacion el unico convenio legal actual que si estaria Registrado 2009-2012 que de salir una sentencia favorable a la denuncia de ATES las empresas deberian abonar las cantidades de retrasos no aplicadas.

Por ello creemos que empezaron a movilizarse para registrar por fin el Convenio 2012-2014.

Segun informacion del sindicato Csif se ha producido un acuerdo final, y las empresas que habian comenzado a realizar tramites de descuelgue y convenios propios darian por finalizados los mismos para proceder a la aplicacion del Convenio Estatal.

Este Convenio lleva consigo incorporado las garantías que veníamos solicitando, así como medidas disuasorias de la aplicación de descuelgues y convenios de Empresa. En este acuerdo esta AESPRI que no fue firmante del anterior, siendo previsible que otras Patronales se adhieran al mismo tal y como han anunciado.

Esperaremos a ver que sucede al Final.

Aqui dejamos Las dos Actas, la ultima Firmada Ayer dia 12 de Marzo. Y el Texto Integro.


2ª / 2013 Convocatoria Vigilantes de Seguridad

Plazo para presentar solicitud:
Del 11 al 20 de marzo de 2013.

Publicado en BOE número 7 de 8 de enero de 2013

 



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