Cordobess@
El Juzgado Contencioso Administrativo número 17 de Barcelona obliga al Ayuntamiento de Sant Pere de Vilamajor (Vallès Oriental) a incorporar de nuevo el anterior jefe policial del municipio. El hombre ocupa una plaza de "vigilante de seguridad" desde septiembre de 2013, cuando el alcalde, Martí Artalejo, le cesó y nombró un nuevo jefe alegando "garantías mínimas de seguridad para la población". La sentencia, considera que el Ayuntamiento actuó de forma "groseramente visible para sustituir una persona por otra en función de una argumentación falsa". La asociación de jefes policiales del Vallés asegura que se trata de otro caso de "degradación encubierta de un fin".
El juez considera que "en realidad estamos frente a una maniobra del Ayuntamiento para sustituir al recurrente por otra persona". La sentencia pone de manifiesto que la decisión de nombrar un nuevo jefe es "arbitraria e injustificada" y que "el decreto de cese se encuentra total y absolutamente carente de motivación". De hecho, el juez subraya que "la argumentación del cese es manifiestamente falsa dado que las garantías mínimas de seguridad para la población (...) estaban perfectamente cubiertas". La sentencia indica que se trata de una actuación "arbitraria por parte del ayuntamiento y groseramente visible que consiste únicamente en sustituir a una persona por otra (...). Se trata de una especie de degradación encubierta".
El juez considera probado que el hombre fue nombrado jefe de vigilancia municipal el 7 de septiembre de 2007 y que permaneció en el cargo hasta septiembre de 2013.
Fue entonces cuando, mediante decreto de alcaldía, se le cesa de sus funciones y se le otorga una plaza de vigilante de seguridad. Paralelamente se nombra a otra persona para ocupar la plaza de jefe de servicio de vigilancia municipal.
Cabe decir que el cuerpo de vigilancia municipal es el órgano policial encargado de garantizar la seguridad local del pueblo. Sant Pere de Vilamajor no es lo suficientemente grande para poder disponer de un cuerpo propio de policía municipal. La sentencia anula el decreto y ordena que el hombre se incorpore al anterior puesto de trabajo.
Del mismo modo, sentencia que se le abonen "las cantidades dejadas de percibir" y que se le reconozcan "sus derechos laborales". El Ayuntamiento deberá asumir las costas judiciales, de 3.500 euros.
La Asociación de Jefes y Mandos de Cuerpos de Seguridad Locales del Vallès Oriental y Occidental considera que se trata de otro caso de "pérdida de confianza hacia un fin policial ", que en este caso se intenta resolver" groseramente "con una" degradación encubierta ".
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