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Los efectos de la nueva Ley de Seguridad Privada empezarán a notarse en Melilla. El jefe superior de Policía, José Ángel Jiménez, anunció hace una semana a un grupo de agentes que participaba en un curso de formación que el próximo 1 de agosto la mitad de los policías nacionales que trabajan en la cárcel de Melilla será reubicada en otros puestos de la Comisaría.
La medida no se tomará finalmente hasta el último trimestre de este año. Cuando entre en vigor, afectará a una veintena de agentes que sobrepasan los 40 años de edad y en muchos casos llevan cerca de 25 años de servicio, según han informado a El Faro fuentes policiales.
Se trata de una sustitución de policías nacionales (en el caso de Melilla y Ceuta) por vigilantes de seguridad privada.
La veintena de agentes del Cuerpo Nacional (entre ellos, oficiales) que sí se quedará trabajando en el centro penitenciario se ocupará de vigilar el perímetro de la prisión (garitas exteriores) para evitar los habituales lanzamientos de droga desde el Monte María Cristina a la cárcel a través del vallado.
Para los sindicatos, la controvertida decisión de sustituir la vigilancia policial de los centros penitenciarios por la seguridad privada les supone un nuevo reto porque intentarán conseguir que los agentes que se reubicarán en la Jefatura pasen a ocupar puestos vacantes en el servicio burocrático.
La idea es lograr que estos policías nacionales que llevan toda la vida vinculados a la cárcel pasen a reforzar la seguridad de la Comisaría y en ningún caso se destinen a los peores puestos: Los de la frontera.
Fuentes sindicales descartan que la Jefatura envíe a estos agentes a patrullar las calles porque eso ya lo hacen los ‘Zeta’, un grupo policial integrado en su mayoría por los agentes más jóvenes.
Sin embargo, el tema de la frontera no lo dan por descartado. De hecho, consideran injusto que se les destine al control de documentación o a los calabozos de los pasos fronterizos de Melilla.
En principio los sindicatos pedirán que la veintena de agentes que saldrá de la cárcel sea reubicada “en los mejores puestos” de la Jefatura Superior, aunque “no hay nada claro todavía”.
Como era de esperar, la medida no ha gustado entre los policías nacionales y estarán pendientes de que la privatización del servicio de seguridad de la cárcel no reste rigor a la vigilancia del centro penitenciario.
Además, aseguran a El Faro que tienen serias dudas de que sea más rentable contratar seguridad privada que mantener en sus puestos a policías nacionales.
Los sindicatos calculan que la seguridad privada en las cárceles es más cara que la pública y que esta decisión se toma para sacar del agujero de la crisis al sector de la vigilancia privada.
Fuente: El Faro Digital
