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La Dirección General de la Guardia Civil ya ha dado la orden: a partir del 1 de abril se incorporarán a algunos centros penitenciarios vigilantes de seguridad privada como «refuerzo a los componentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que prestan servicio» en estas cárceles, según figura en el documento que se ha enviado a las diferentes Unidades de Seguridad Penitenciaria. En principio están afectados por esta medida 21 centros penitenciarios (19 custodiados por la Guardia Civil y 2 por el Cuerpo Nacional de Policía), según ha informado la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC).
Según esta asociación, el Gobierno había ralentizado el plan -estaba previsto que se pusiera en marcha el año pasado- ante la oposición encontrada por parte de los afectados y de las asociaciones, pero este cambio no tiene vuelta atrás, tal y como confirmaron a ABC fuentes de la Dirección General de la Guardia Civil.
En la orden cursada a los agentes se afirma que «en ningún caso supondrá una reducción de efectivos de las Unidades de las FCSE, tan solo se tratará de un refuerzo, al menos en la fase inicial, considerada como experiencia piloto», pero a continuación añade que «en un futuro, en función de los resultados de esta experiencia y de las disponibilidades presupuestarias, podría iniciarse una sustitución progresiva de las FCSE por miembros de la seguridad privada». El documento, por tanto, se ciñe a lo que eran los planes de Interior desde que se diseñó este operativo.
AUGC considera que la intención es privatizar completamente la seguridad de las prisiones, pese a que desde la Dirección General desmienten este extremo. La razón que esgrimen desde la asociación es que no se adoptaría la medida ni se «vendería» como experiencia piloto ampliable si el objetivo fuera otro, puesto que las Unidades de Seguridad Penitenciaria no necesitan ningún refuerzo en estos momentos, y mucho menos de vigilantes de seguridad privada.
Cuando se adoptó la decisión el año pasado, Interior explicó que obedecía en parte a la necesidad de recolocar a los escoltas privados del País Vascos afectados por el plan de reducción de protegidos, una especie de destino a la altura. La asociación mayoritaria de guardias civiles cree que ese argumento era una «burda excusa» para llevar a cabo la privatización de la seguridad en los centros penitenciarios, porqueno son esos escoltas los que van a incorporarse a las prisiones afectadas, sino vigilantes de varias empresas de seguridad privada que han constituido una UTE (unión temporal de empresas) para hacerse con este suculento negocio.
Cuando este plan de privatización avance y entre en fase de sustitución progresiva afectará a cerca de dos mil guardias civiles en todo el país, según las mismas fuentes. AUGC no descarta que este «afán privatizador» alcance también a otras unidades y servicios de seguridad, ya sean de la Guardia Civil o de otros cuerpos policiales.
Fuente ABC
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