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El comunicado de ETA anunciando el fin de su actividad armada en octubre de 2011 y la crisis económica han supuesto en los últimos años un espectacular descenso del número de personal privado destinado a labores de escolta, principalmente, en el País Vasco y Navarra. Ante esto, el Ministerio del Interior lleva meses buscando la manera de recolocar a estos profesionales.
Uno de estas posibilidades, como ya publicó Libertad Digital en marzo de 2012, era utilizar sus servicios como refuerzo para la seguridad de los centros penitenciarios, para que sustituyesen gradualmente a los agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que realizan estos trabajos y se pudiese emplear a estos agentes públicos en otras funciones.
Una posibilidad que se empezará a hacer realidad a partir del próximo mes de abril, cuando los primeros miembros de seguridad privada comiencen a prestar su labor en 21 centros penitenciarios, en 19 de los cuales el cuerpo responsable de su seguridad es la Guardia Civil y en dos de las cuales lo es el Cuerpo Nacional de Policía.
Según un comunicado hecho público por la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), durante los últimos días las diferentes Unidades de Seguridad Penitenciaria han recibido una orden de la Dirección General del Instituto Armado en las que se les anuncia que a partir del próximo 1 de abril se incorporarán a algunas prisiones estos agentes de seguridad privada.
En la misma se dice que llegarán como "refuerzo a los componentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado que prestan servicio en los centros penitenciarios" y que "en ningún caso supondrá una reducción de efectivos de las Unidades de las FyCSE, tan solo se tratará de un refuerzo, al menos en la fase inicial, considerada como experiencia piloto".
Pero la citada orden deja la puerta abierta a una sustitución total: "en un futuro, en función de los resultados de esta experiencia y de las disponibilidades presupuestarias, podría iniciarse una sustitución progresiva de las FyCSE por miembros de la seguridad privada".
Precisamente, el Ministerio del Interior está trabajando desde hace meses en la modificación de la Ley de Seguridad Privada que, según avanzó el propio Jorge Fernández Díaz el pasado martes en la comisión de Interior del Congreso de los Diputados, se encuentra ya en un avanzado estado de redacción y en próximas fechas será remitida a los principales órganos consultores.
Es más, dos días después, durante la inauguración de la IV Cumbre Europea de Servicios de Seguridad Privada, celebrada en Madrid, dijo que con esta modificación en la ley "no estamos hablando de privatizar la seguridad pública, sino de trabajar desde la subordinación a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en mantener la seguridad".
FUENTE NOTICIA LIBERTAD DIGITAL
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