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La Delegación del Gobierno de Asturias ha incoado un expediente sancionardor contra SVA, Servicios Integrales, por prestar servicio de seguridad en la urbanización Los Balagares «sin personal habilitado para ello». La empresa se enfrenta a una infracción muy grave sancionada con multas que van desde los tres mil a los treinta mil euros por «intrusismo profesional» y «usurpación de funciones», según la denuncia presentada por la Asociación de Vigilantes de Seguridad Privada de Asturias (AVISPA).
El escrito recoge que el personal de SVA, Servicios Integrales, que presta servicios de seguridad y vigilancia las veinticuatro horas en la urbanización corverana, es «personal de servicios», sin «cualificación profesional» o «habilitación como vigilantes de seguridad», por lo tanto las funciones de vigilancia del perímetro y de los viales interiores de la urbanización contraviene el artículo 11 de la Ley 23/1992 de 30 de julio.
AVISPA detalla que desempeñan tales funciones a bordo de un «modelo FIAT 500 de color blanco», del que aportan matrícula y documentación gráfica, y alerta de que el uniforme de estos trabajadores induce a «confundirlos» con vigilantes de seguridad.
El organismo dirigido por Gabino de Lorenzo tendrá que dilucidar, a la vista del escrito presentado por la asociación del gremio, si la empresa inclumple la Ley de Seguridad Privada.
El escrito recoge que el personal de SVA, Servicios Integrales, que presta servicios de seguridad y vigilancia las veinticuatro horas en la urbanización corverana, es «personal de servicios», sin «cualificación profesional» o «habilitación como vigilantes de seguridad», por lo tanto las funciones de vigilancia del perímetro y de los viales interiores de la urbanización contraviene el artículo 11 de la Ley 23/1992 de 30 de julio.
AVISPA detalla que desempeñan tales funciones a bordo de un «modelo FIAT 500 de color blanco», del que aportan matrícula y documentación gráfica, y alerta de que el uniforme de estos trabajadores induce a «confundirlos» con vigilantes de seguridad.
El organismo dirigido por Gabino de Lorenzo tendrá que dilucidar, a la vista del escrito presentado por la asociación del gremio, si la empresa inclumple la Ley de Seguridad Privada.
Fuente: El Comercio
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