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Los socialistas basan sus críticas en la redacción del artículo 32 de la Ley sobre "Vigilantes de seguridad y su especialidad" en la que se recogen las funciones de los vigilantes. Entre ellas se contempla la vigilancia en establecimientos, bienes, lugares y eventos, tanto privados como públicos, "llevando a cabo las comprobaciones, registros y prevenciones necesarias para el cumplimiento de su misión". Los socialistas entienden que esa alusión a los "registros" abre la puerta que los ciudadanos puedan ser cacheados.
En ese mismo artículo se otorga a los vigilantes la potestad de "efectuar controles de identidad, de objetos personales, paquetería, mercancías o vehículos, incluido el interior de éstos, en el acceso o en el interior de inmuebles o propiedades donde presten servicio, sin que, en ningún caso, puedan retener la documentación personal, pero sí impedir el acceso a dichos inmuebles o propiedades".
En cuanto a la posibilidad de practicar detenciones por parte de los vigilantes de seguridad, la Ley aprobada dice que "en relación con el objeto de su protección o de su actuación" pueden "detener y poner inmediatamente a disposición de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes a los delincuentes". "No podrán proceder al interrogatorio de aquéllos, si bien no se considerará como tal la averiguación, comprobación o anotación de sus datos personales para su comunicación a las autoridades", añade el artículo.
"Un ataque al estado social"
El portavoz de Interior del PSOE, Antonio Trevín, considera estas medidas "un ataque al Estado Social" perpetrado por el acuerdo alcanzado por el PP y CiU en el trámite parlamentario de esta Ley ya que, según denuncian, el proyecto original tan solo contemplaba estas competencias de los vigilantes privados en calles peatonales mientras que, según dicen, ahora podrán hacerlo también en calles y espacios públicos.
"Unos podrán ser disueltos e identificados por la Policía en la Puerta del Sol y ser sancionados en virtud de la ley de Seguridad Ciudadana y los que opten por salir por pies por la calle Preciados, podrán ser detenidos por vigilantes de seguridad privada con el mismo fin", ha expuesto Trevín, quien también ha censurado otros aspectos como que las empresas de seguridad privada vayan sustituir a la Guardia Civil a la hora de controlar el perímetro de las cárceles o a Protección Civil ante desastres naturales.
"El dinero, cuando entra en espacios como el de la Seguridad, pone en peligro la democracia. Si en la calle Preciados están los vigilantes patrullando esa calle, contratados por un comerciante, ¿cree que ante un problema van a dar la misma respuesta a quien le contrató que a un vecino del Segundo que no tiene nada que ver con quien le contrató?", ha insistido Trevín quien ha manifestado sentirse inseguro si un vigilante privado le pide el carné de identidad.
Por parte de la Izquierda Plural, Ricardo Sixto, ha mantenido sus críticas de que esta Ley tiende "claramente a la privatización". "Sólo podrán pagarse labores de protección aquellos que tengan recursos para ello", ha censurado al tiempo que también ha mostrado su oposición a que en esta Ley se de carácter de agente de la autoridad a los miembros de la seguridad privada. "Creemos que debe estar reservado a los miembros de seguridad del Estado así como la facultad de detener". A su juicio, esto puede dar lugar a la vulneración de la Constitución.
Por parte de UPyD, Toni Cantó ha defendido su "queja fundamental" de que el Estado "se ha echado a un lado por una cuestión presupuestaria". En ese sentido ha manifestado sus reparos por que la seguridad privada entre a hacer funciones de Policía y Guardia Civil, cuerpos para los que ha pedido una mayor tasa de reposición que la actual. "Es innegociable que las fuerzas de seguridad tengan el monopolio de la seguridad en un Estado", ha dicho.
"No se privatiza nada"
Por contra, el diputado del PP Francisco Antonio Márquez de la Rubia ha defendido que su partido ha aceptado enmiendas de todos los grupos y que esta Ley no pretende primar la seguridad privada sino lograr "un modelo de seguridad integral" por lo que cree que va a tener buena acogida entre los profesionales del sector.
Ha admitido que se amplían las competencias de los vigilantes de la seguridad privada en el perímetro de edificios públicos o centros comerciales abiertos, pero ha vuelto a rechazar que esto "responda a un intento de privatizar nada". Según ha dicho, "no es coherente" enviar vigilantes privados a defender los barcos en el Índico "y decir sentirse inseguro porque un vigilante en la entrada de un centro comercial pueda identificar a un ciudadano que pueda suponer una amenaza para el resto de ciudadanos".
El diputado de CiU, Jordi Jané, ha recordado que su grupo empezó este trámite parlamentario con una enmienda a la totalidad por cuestiones competenciales, pero ha celebrado el acuerdo alcanzado con el PP y con el propio Ministerio del Interior. "De 71 enmiendas que habíamos presentado, se han alcanzado más de 40 acuerdos", ha destacado Jané.
PNV: "Para aplaudir con las orejas"
En cuanto al punto respectivo a los vigilantes privados en los perímetros de las cárceles, el diputado del PNV, Emilio Olabarría, ha considerado "pertinente" otorgarle legitimidad a la medida dado que, según ha dicho, ya en la actualidad este tipo de empresas prestan esos servicios incluso en instalaciones militares o de las fuerzas y cuerpos de seguridad.
"Nos parece que es un proyecto de Ley innovador de los más avanzado y que se ha hecho un esfuerzo de aplaudir casi con las orejas para la aceptación de las competencias autonómicas", ha zanjado.
FUENTE DE LA NOTICIA: EL ECONOMISTA
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