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Cordobess@
Un informe concluye que cada uno cuesta 3.200 euros al mes y que su trabajo ya lo realiza la Policía.
Desde el pasado verano, las cárceles
españolas han incorporado a vigilantes privados para la seguridad de sus
instalaciones. La medida del Gobierno, que tenía como objetivo dar una
salida laboral a los escoltas de País Vasco y Navarra, no ha sido
aceptada por los funcionarios de prisiones.
Según ha sabido El Confidencial Digital, el ministerio del Interior ya ha enviado a las cárceles españolas a 254 vigilantes privados, que tuvieron que realizar un curso de formación previo para saber cómo garantizar la seguridad del perímetro.
Su llegada a las prisiones no ha sido del todo aceptada por los funcionarios, que ven en esta decisión una maniobra del Gobierno para sustituir a policías y guardias civiles por estos agentes.
El sentimiento de malestar es tal que Acaip, la organización que representa los intereses de los trabajadores de prisiones, ha elaborado un informe en el que critica la llegada de la seguridad privada a las cárceles españolas.
Cada vigilante cuesta más de 3.200 euros mensuales al Estado
En el documento, al que ha tenido acceso ECD, se especifica que el Gobierno ha firmado un contrato con las empresas de seguridad Ombuds, Segur Ibérica, Coviar, Prosegur, Prosetecnisa, Securitas, Sabico y Vinesa, para que aporten una cantidad de personal proporcional al número de escoltas que tenían en País Vasco y Navarra durante la actividad armada de ETA.
El importe del contrato suscrito por el Gobierno con esta Unión Temporal de Empresas, costará 7.391.547 euros para un total de 254 trabajadores, según una respuesta parlamentaria del Ejecutivo.
El resultado, por tanto es que cada vigilante supondrá al Estado un coste de 3.233 euros, una cantidad muy alejada de los 1.100 euros de salario medio de un guardia de seguridad (1.350 euros por 12 horas diarias) y de los 1.600 de un agente de Policía Nacional.
En la experiencia piloto desarrollada por Interior desde el pasado 8 de enero, se muestra que el margen de las compañías estaría en torno a los 1.850 euros al mes por trabajador.
Su llegada a las prisiones no ha sido del todo aceptada por los funcionarios, que ven en esta decisión una maniobra del Gobierno para sustituir a policías y guardias civiles por estos agentes.
El sentimiento de malestar es tal que Acaip, la organización que representa los intereses de los trabajadores de prisiones, ha elaborado un informe en el que critica la llegada de la seguridad privada a las cárceles españolas.
Cada vigilante cuesta más de 3.200 euros mensuales al Estado
En el documento, al que ha tenido acceso ECD, se especifica que el Gobierno ha firmado un contrato con las empresas de seguridad Ombuds, Segur Ibérica, Coviar, Prosegur, Prosetecnisa, Securitas, Sabico y Vinesa, para que aporten una cantidad de personal proporcional al número de escoltas que tenían en País Vasco y Navarra durante la actividad armada de ETA.
El importe del contrato suscrito por el Gobierno con esta Unión Temporal de Empresas, costará 7.391.547 euros para un total de 254 trabajadores, según una respuesta parlamentaria del Ejecutivo.
El resultado, por tanto es que cada vigilante supondrá al Estado un coste de 3.233 euros, una cantidad muy alejada de los 1.100 euros de salario medio de un guardia de seguridad (1.350 euros por 12 horas diarias) y de los 1.600 de un agente de Policía Nacional.
En la experiencia piloto desarrollada por Interior desde el pasado 8 de enero, se muestra que el margen de las compañías estaría en torno a los 1.850 euros al mes por trabajador.
Realizan funciones que ya hacen los agentes de la Policía y la Guardia Civil
Los vigilantes privados contratados por Interior están cubriendo 57 puestos operativos en 21 cárceles españolas. Sus funciones en los puestos 'H24' y h12' son:
--Ejercer la vigilancia y protección de bienes muebles e inmuebles, así como la protección de las personas que puedan encontrarse en los mismos.
--Efectuar controlesde identidad en los accesos o en el interior de los inmuebles determinados, sin que en ningún caso puedan retener la documentación personal.
--Evitar la comisión de actos delictivos o infracciones en relación con el objeto de su protección.
--Poner inmediatamente a disposición de los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad a los delincuentes en relación con el objeto de su protección, así como los instrumentos, efectos y pruebas de los delitos, no pudiendo proceder al interrogatorio de aquellos.
Todas esas responsabilidades ya las estaban cumpliendo, hasta la fecha, los agentes de la Policía y la Guardia Civil destinados a las cárceles españolas.
Los vigilantes privados cubren 57 puestos operativos en 21 cárceles
FUENTE DE LA NOTICIA: EDC
Posted in: Noticia,Noticias
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