Los vigilantes de seguridad, entre la espada y la pared

La obligación de cotizar por el plus de transporte ha hecho que las empresas de seguridad privada quieran la congelación salarial de sus empleados hasta 2017. Al negarse los sindicatos, amenazan con descuelgues y despidos.

Las empresas de seguridad privada se están lanzando a la piscina una tras otra. En los últimos días se ha puesto de manifiesto una estrategia para presionar a los trabajadores del sector. En Aragón son 2.100 los vigilantes de seguridad, en toda España más de 100.000.

Las intenciones manifestadas por las asociaciones empresariales del sector (APROSER, FES y UAS) de incumplir las condicionales salariales y laborales pactadas con sus trabajadores han liberado una reacción en cadena a la que se están sumando todas las empresas. Empezaron Prosegur y Securitas, las dos grandes del sector, y ya les han seguido otras ocho. Esta ofensiva solo se puede comprender si se interpreta como una demostración de fuerza: O bien aceptan los trabajadores una congelación salarial hasta 2017, o bien se atienen a las consecuencias.

Origen del conflicto

El convenio colectivo actual -válido hasta finales de este año- contemplaba una subida salarial del 4% a principios de 2014. Las empresas ya venían anunciando que no podrían asumir esta subida y el Real Decreto publicado el 21 de diciembre en el BOE les otorgó la excusa definitiva para negarse a cumplir lo pactado.

Bajo el nombre 'Medidas para favorecer la contratación estable y mejorar la empleabilidad de los trabajadores', este decreto asienta la obligación de cotizar por conceptos retributivos que antes estaban exentos, como los pluses de transporte. En un momento normal, la medida podría considerarse positiva e interpretarse como una inversión de cara a la futura jubilación del trabajador y las incapacidades temporales por enfermedad. En época de crisis, habrá que ver cuántas empresas no obligan a sus empleados a asumir el coste.

Reacciones

Pocos días después de la publicación del decreto, llegó la reacción de las empresas de seguridad. Calculan que al convertir en cotizable el plus de transporte aumenta un 2,07% el coste salarial y ya han avisado de que, para asumirlo, no solo no están dispuestas a llevar a cabo la subida de salarios pactada, sino que quieren congelar los sueldos hasta 2017 y renegociar otros artículos del convenio. El anuncio llega después de haber reducido en 288 euros los ingresos de sus empleados en 2013.

Al negarse los sindicatos más representativos del sector (FES-UGT, CC.OO. y FTSP-USO) a aceptar la congelación, las empresas han contraatacado y anunciado su intención de descolgarse del convenio colectivo, modificar las condiciones de trabajo y algunas, incluso, de despedir trabajadores. Sin un convenio colectivo, se abriría la veda para las bajadas salariales, los aumentos de jornada y entraría al terreno de juego el monstruo de la competencia desleal.

"Dicen que el plus de transporte les aumenta los costes un 2,07% y les supone unos 280 euros por empleado y usan esto como excusa para activar los mecanismos que otorga la reforma laboral, descolgarse del convenio y reducir salarios. Pretenden que los trabajadores carguen con todo el coste para que las empresas sean más competitivas", resume Alejandro Gastón, el coordinador de USO Aragón.

La subrogación, en juego

Para Mar Pelayo, responsable de la Federación de Seguridad Privada del mismo sindicato, el mayor peligro de perder el convenio colectivo es que la subrogación de los trabajadores en caso de cambio de empresa -algo muy frecuente en el sector-, no sería automática. "Cualquier vigilante que lleva más de cinco años en una empresa ha sufrido una subrogación porque los clientes cambian de empresa de seguridad según lo que éstas les ofrecen, pero los trabajadores se mantienen en sus puestos".

Emilio Martínez, presidente del comité de empresa de Vinsa augura que sin un convenio colectivo "se desatará una guerra de precios y de sueldos y el empleado perderá la estabilidad".

El secretario general de la Federación de Servicios Privados de CC.OO., Guillermo García, prevé que todas las empresas del sector se unirán a la ofensiva y se suma a la preocupación de USO en el tema de la subrogación y los salarios: "Si se deja caer el convenio colectivo y se firman convenios de empresa desaparecerá directamente la subrogación y hemos visto en otros sectores que cada empresa contratará a sus empleados".

Por eso CC.OO. y USO aseguran que sus sindicatos no firmarán ningún descuelgue del convenio colectivo y tampoco ningún convenio de empresa, en el caso de que estos se propongan.

Antonio López, de FES-UGT Aragón, expone que UGT comprende que una subida salarial del 4% es inasumible pero rechaza la congelación e intentará conseguir una subida del 1,8% en 2014 y del 0,4% a partir de 2015. Su sindicato critica también los métodos de presión 'del todo o nada' utilizados por las empresas de seguridad para ser más competitivas. "Nosotros no producimos tornillos así que para reducir costes atacarán directamente a los salarios".

 Fuente: Heraldo de Aragon 

Gracias B.

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